La Audiencia revoca el fallo de una juez e impone un año de prisión a dos pescadores que robaron tres ánforas romanas.
El tribunal de la Sección Segunda de la citada institución judicial considera que los acusados, Vicente P.A. y su hijo Antonio Vicente P.G., cometieron un delito de hurto de objetos de «valor artístico, histórico, cultural o científico», tal y como se recoge en la sentencia a la que ha tenido acceso este diario y que supone la primera condena contra el expolio de la embarcación.
El Juzgado de lo Penal número 1 de Alicante les había absuelto al entender que las pruebas practicadas en el juicio carecían «de suficiente entidad para formar la convicción de la juzgadora en orden a condenar a los dos acusados».
La Audiencia llega a la conclusión contraria y estima el recurso contra el fallo anterior presentado por la Generalitat. Para los magistrados, la confesión de Vicente P.A. ante la Guardia Civil -en el juicio negó los hechos- es una prueba de cargo que desvirtúa la presunción de inocencia.
Pero existen otras evidencias que refuerzan esa tesis, como el resultado de los registros en el bar-restaurante Nàutic que regentaba el procesado en Villajoyosa y en su domicilio de la calle Colón de la localidad. En el primer lugar, dentro de un vivero de marisco situado en el comedor, fue encontrado el tercio superior de una de las ánforas. En el salón de estar de la casa, la Guardia Civil se incautó de otro recipiente que estaba colocado sobre un pedestal.
Los agentes encargados de la investigación testificaron en la vista que todos los indicios «llevaban a los acusados como los autores del expolio», algo que «comentaba la gente del pueblo», aunque nadie quiso «figurar en ningún sitio».
En el fallo apelado, la magistrada se mostró sorprendida por el hecho de que el atestado del Instituto Armado no consignara la identidad de los informantes. La Audiencia recuerda en la sentencia, que es firme y por tanto no recurrible, que las fuerzas de seguridad «no tienen por qué revelar la fuente inicial de la investigación, y menos si se trata de un confidente». A su juicio, hacerlo «malograría este medio de investigación» y expondría a los soplones «al riesgo de la posible reacción vindicativa de los delatados».
Otra de las pruebas de cargo es un informe elaborado por el Museo Municipal de Arqueología y Etnografía de Villajoyosa, a cargo de Antoni Espinosa, que refleja que las piezas decomisadas a los pescadores «coinciden totalmente con las ánforas recuperadas durante el cubrimiento (de la nave) realizado en el 2002 y, posteriormente, entre el 2003 y el 2004, por el equipo del proyecto europeo Anser». Es más, ese experto llegó a determinar que las vasijas habían sido fabricadas en el mismo horno.
El saqueo del pecio, bautizado Bou-Ferrer en homenaje a sus descubridores, fue detectado a principios del año 2001. Todo apunta a que los acusados fueron los principales responsables de esos robos. No en vano, las coordenadas que habían anotado en su pesquero, de nombre Kuki, coincidían con las del barco romano.
Venta a un taller
La sala también llama la atención sobre las manifestaciones de Vicente P.A. ante la Guardia Civil, ya que admitió que había recogido dos ánforas y había vendido una de ellas «al dueño de un taller de hierros a cambio de 100.000 de las antiguas pesetas» (unos 600 euros), pese a que luego se desdijo en el juicio. Efectivamente, el propietario de ese negocio relató que Antonio Vicente P.G. le ofreció en una ocasión una vasija. Otro socio del taller recibió un ofrecimiento similar en el año 2000: una ánfora romana por «100.000 pesetas», pero el precio «le pareció caro».
Durante la vista, celebrada en el Juzgado de lo Penal número 1 el 21 de febrero del 2007, el fiscal tuvo que retirar la acusación de delito de expolio porque la Generalitat no había catalogado aún ni el barco ni su contenido cuando padre e hijo fueron arrestados. El Ministerio Público optó por calificar los hechos como un delito de hurto de objetos históricos y solicitó dos años de cárcel para cada uno de los saqueadores.
Aunque la juez les exculpó, la Sección Segunda de la Audiencia dictamina ahora que Vicente P.A. y Antonio Vicente P.G. «disponían de los medios y capacidad para extraer material del pecio». Contaban con una embarcación adecuada para ello y el segundo practicaba además buceo.
El tribunal condena a cada uno de los procesados a un año de cárcel y a indemnizar solidariamente a la Generalitat en 1.202 euros, que es el precio fijado para las ánforas sustraídas.
