Posteado por: Pedro | 28/10/2010

El Gobierno Central vuelve a excavar en Altamira sin el permiso de Cantabria

El Gobierno Central vuelve a excavar en Altamira sin el permiso de Cantabria
Una breve nota en la página de Facebook del Museo de Altamira ha revelado que el lunes 4 de octubre comenzó una nueva campaña de excavaciones arqueológicas en la cueva de Altamira. La noticia ha sorprendido tanto a la comunidad científica como a las instituciones cántabras -Consejería de Cultura, Turismo y Deporte-, a quien no se ha solicitado el oportuno permiso para esta actuación, como contempla la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria de 1998. Tampoco, «por deferencia», los responsables del museo dependiente directamente del Ministerio de Cultura han informado del tema al Gobierno regional, ni siquiera en unos momentos en los que se ha recuperado la figura del Patronato y en los que una comisión de expertos estudia la posibilidad de reabrir la cueva con un régimen restringido de visitas.
A modo de ‘comunicado oficial’, desde el Museo de Altamira que dirige José Antonio Lasheras -también director de la intervención – se informa que «estamos excavando el derrumbe natural que obturó la cueva hace 13.000 años; estamos excavando en lo que ahora es fuera de la cueva pero entonces era dentro de la cueva. El objetivo es conocer la forma natural de la cueva a lo largo del Paleolítico, durante las ocupaciones humanas; saber cómo fue cambiando por los distintos desplomes del techo de la entrada, que la cerraron, hasta su moderno descubrimiento: un detallado estudio geomorfológico del área vestibular de la cueva. Para ello, como codirector, contamos con Alfredo Pérez González, habitual en los equipos de investigación de los más importantes yacimientos de España junto a arqueólogos, prehistoriadores y paleontólogos, y vicepresidente del Centro Nacional de Investigación de la Evolución Humana de Burgos».
Diferencia de criterio
No es la primera vez que se produce esta situación. Ya en el año 2007, en este periódico se informó de la realización de trabajos arqueológicos en Altamira sin permiso de la Consejería de Cultura. Los resultados preliminares habían sido publicados en una revista científica y el Gobierno regional no tenía ninguna información al respecto. Ante el revuelo que generó la noticia y que aceleró la reivindicación del traspaso de la gestión de Altamira a Cantabria, se argumentó desde la institución que dirige José Antonio Lasheras que, al tratarse de una institución dependiente del Ministerio, es decir, del Gobierno central, no están ni mucho menos obligados a solicitar permiso a la comunidad autónoma. Los trabajos, entienden en el Ministerio de Cultura y en el propio museo, que se efectúan en «terrenos» estatales.
No piensan lo mismo en el departamento que dirige Francisco Javier López Marcano. En su día fue el director general de Cultura, Justo Barreda, quien mantuvo diferentes conversaciones con altos cargos del Ministerio para convencerlos de que Altamira no puede asimilarse en términos jurídicos a una embajada. Se sostiene desde Cantabria que lo que es de titularidad estatal es el Museo, ya que la cueva es propiedad del Ayuntamiento de Santillana, lo mismo que el subsuelo.
Al respecto, consultados algunos expertos que participaron en la redacción del capítulo dedicado al patrimonio arqueológico y paleontológico de la Ley de Patrimonio de Cantabria en 1998, entre los que se encontraba el propio Lasheras, se remiten a los artículos 75 (Integran el Patrimonio Arqueológico de Cantabria todos los bienes muebles, inmuebles y emplazamientos de interés histórico, así como toda la información medioambiental relacionada con la actividad humana que sean susceptibles de ser investigados con la aplicación de las técnicas propias de la arqueología, hayan sido descubiertos o no, estén enterrados o en superficie, en aguas litorales o continentales, incluyendo los testimonios de arqueología industrial y minera) y 77.1 (La autorización para cualquier actuación arqueológica será otorgada por la Consejería de Cultura, oído el Ayuntamiento interesado, siendo su función exclusiva la concesión, renovación y suspensión de los permisos correspondientes).
Improcedente
Este conflicto institucional constituirá parte del debate que mantendrán los expertos designados por el Patronato para estudiar los informes del CSIC y elevar su propuesta a este órgano.
Desde Cantabria, científicos y técnicos consideran «improcedente» el modo de actuar de Lasheras y su equipo y se estima que hacer pública esta noticia a través de Facebook es rebajar la importancia mundial que tiene Altamira en el contexto internacional de la Prehistoria.

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